Pobreza y posibilidades en América Central

Éste es momento de elecciones en América Central. El 11 de septiembre, mientras Estados Unidos rememoraba un aniversario sombrío, los guatemaltecos se dirigían a las urnas para elegir al próximo presidente. Ningún candidato recibió la mayoría de los votos, de modo que el 6 de noviembre habrá una segunda ronda electoral entre los dos candidatos más votados. El candidato con más posibilidades de triunfar es el conservador Otto Pérez Molina, general retirado y antiguo jefe de inteligencia militar, que estuvo a la cabeza de todos los candidatos con un 36 por ciento del voto en la primera ronda. El mismo día que los Guatemaltecos tendrán que elegir entre Pérez Molina y el empresario centrista Manuel Baldizón, los nicaragüenses decidirán si el líder sandinista Daniel Ortega pasará otros cinco años en el palacio presidencial. Muchos esperan que Ortega gane con facilidad la reelección, aunque la política nicaragüense es absolutamente imposible de predecir y, por eso mismo, no debemos descartar la posibilidad de una sorpresa de último momento.

El resultado de la elección en Guatemala determinará el modo en el que una ciudadanía agobiada de problemas responde a una crisis de seguridad cada vez más grave. En Nicaragua, el resultado puede llevar a una mayor erosión de la democracia constitucional. En cada caso, el candidato que triunfe el 6 de noviembre estará a cargo de gobernar uno de los países más pobres del Hemisferio Occidental. Sin embargo, a pesar de su muy arraigada pobreza, tanto Guatemala como Nicaragua tienen enormes posibilidades que aun no han sido explotadas. Con una mejor conducción política y con mejores instituciones públicas, los dos países podrían ser mucho más prósperos.

Para empezar, los dos países pueden alardear de sus abundantes atracciones turísticas, incluidos los volcanes, las montañas, las selvas tropicales y las playas. Guatemala tiene también magníficas ruinas mayas (particularmente, las ruinas de Tikal); Nicaragua, por su parte, alberga ciudades coloniales como Granada y León. Guatemala es un importante importador de azúcar y bananas; Nicaragua es un importante exportador de carne. Los dos países son importantes exportadores de café. Desde 2006, Guatemala y Nicaragua se han beneficiado de un acceso preferencial a los mercados de los Estados Unidos bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América Central. Los dos países tienen una población joven y en rápido crecimiento. Cada uno podría transformarse en un destino atractivo para la inversión extranjera.

De hecho, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, “Guatemala tiene el potencial de convertirse en el centro más importante de inversión extranjera directa (FDI en inglés) en América Central, dada su estabilidad macroeconómica, la escala de su mercado interno y su ubicación geográfica, que facilita el comercio y el costo competitivo de la mano de obra”. Entre tanto, según el Miami Herald, la inversión extranjera en Nicaragua aumentó un 77 por ciento en los últimos cinco años. “Los inversores extranjeros ven un sinnúmero de oportunidades”, señala The Economist. “Entre otras cosas, ya se fabrican aquí los jeans Levis y los repuestos de BMW, gracias a los bajos costos de Nicaragua”.

Desafortunadamente, los dos países enfrentan serios obstáculos para un mayor desarrollo económico y una más rápida reducción de la pobreza. Guatemala ha sufrido una oleada de violencia criminal, causada por pandillas juveniles y por los carteles mexicanos de drogas (especialmente la organización conocida como “Los Zetas”). La tasa de homicidios en Guatemala es más del doble de la que se registra en México, y los carteles controlan de manera efectiva una porción substancial del territorio guatemalteco. De acuerdo con el analista de seguridad Hal Brands, en su estudio publicado en 2010, “la influencia de agentes criminales no estatales compite o supera la del gobierno en un 40 por ciento del país”. La situación llegó a ser tan crítica el año pasado que el presidente Álvaro Colom impuso el estado de sitio en la provincia norteña de Alta Verapaz, en la frontera con México. En mayo de este año, después de una masacre provocada por Los Zetas, Colom impuso el estado de sitio en Petén, otra provincia fronteriza en el norte del país. “En los primeros siete meses de 2011”, señala el Departamento de Estado norteamericano, “se registraron aproximadamente 42 asesinatos por semana sólo dentro de la Ciudad de Guatemala”.

Pérez Molina afirma que aplastará a la mafia con “mano de hierro,” y su mensaje, franco y sin rodeos, ha tocado una fibra sensible en los guatemaltecos, agotados por tanta violencia. Sus críticos sostienen que Pérez Molina cometió abusos contra los derechos humanos durante la larga guerra civil de Guatemala (que comenzó en 1960 y no terminó hasta 1996). Pero hasta ahora no ha surgido prueba concreta que implique al ex-general, quien considera su pasado servicio en el ejército como un recurso invalorable para su carrera política. “Considero que son una ventaja los 30 años que pasé en el ejército y que me permitieron conocer todo el país, vivir en su interior, estar en contacto directo con el problema”, declaró recientemente Pérez Molina al Christian Science Monitor. “La formación, la disciplina, el orden son atributos importantes cuando uno está en el gobierno y debe tomar una decisión”.

Por supuesto, la única solución sostenible a largo plazo para la violencia criminal en Guatemala es la de tener instituciones públicas más poderosas y responsables—especialmente una mejor fuerza policial y un mejor sistema de justicia. En el último Índice de Competitividad Global (GCI en ingles), publicado por el Foro Económico Mundial, Guatemala ocupa el puesto 132, de un total de 142 países y economías, por la calidad de sus instituciones públicas. Guatemala está en último lugar en términos de su seguridad general; y ocupa el puesto 129 con respecto al costo del terrorismo para el comercio y el puesto 138 con respecto a la fiabilidad de los servicios de policía. De acuerdo con ejecutivos guatemaltecos, el delito es sin duda el factor más problemático para hacer negocios en su país, seguido por la corrupción y la ineficaz burocracia del gobierno.

Comparada con Guatemala, Nicaragua tiene tasas de delito relativamente bajas, pero sufre de corrupción rampante. Además, el presidente Ortega está intentando resucitar la dictadura sandinista. Ciertamente, Ortega se burla del estado de derecho. En 2008 los sandinistas robaron las elecciones municipales y en 2009 usaron tácticas autoritarias para invalidar los límites de mandato y permitir que Ortega lance una campaña inconstitucional de reelección. (La constitución de Nicaragua prohíbe explícitamente que un presidente en ejercicio busque la re-elección.) En el Índice de Competitividad Global (GCI) para 2011-12, Nicaragua ocupa el puesto 130 en términos de la calidad de sus instituciones públicas (mínimamente mejor que Guatemala). Transparencia Internacional (TI) ha clasificado a Nicaragua como uno de los países más corruptos de América Latina.

Nicaragua es un país en el que los periodistas opositores de Ortega enfrentan creciente persecución. Pensemos en la historia de Silvia González, redactora en el periódico El Nuevo Diario. González dio noticia de la extraña muerte del ex-combatiente de la Contra José Gabriel Garmendia —cuya quijotesca rebelión armada contra el gobierno de Ortega llegó a su fin en febrero de este año. González escribió también sobre la corrupción sandinista. Después de publicar esos informes, González comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazantes por parte de matones que apoyaban al partido en el poder. Aterrorizada por esas amenazas, González se refugió recientemente en Miami. “Tengo miedo de que me maten”, declaró a la Associated Press. “Por eso me fui”.

Es claro que Ortega no es un verdadero demócrata; tampoco es un verdadero aliado del capitalismo. Pero ha adoptado medidas económicas pragmáticas para apaciguar a la comunidad de negocios de Nicaragua. El líder sandinista se ha beneficiado de masivas inversiones y subsidios para el petróleo hechos por Venezuela, gracias a su camarada ideológico Hugo Chávez. Pero Chávez tiene cáncer, y la política en Venezuela es altamente inestable. Después de viajar a Managua en marzo de este año, Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, resumió de este modo el consenso entre los nicaragüenses con los que habló: “Si cayera Chávez, o si Venezuela dejara de mandar petróleo subsidiado, o si el Fondo Monetario Internacional dejara de hacer préstamos de emergencia, o si cayeran los precios de las materias primas, el gobierno de Ortega se derrumbaría. Oppenheimer señaló una dura verdad con respecto al futuro del país: “Tarde o temprano, Nicaragua tendrá que hacer un acuerdo nacional para respetar el estado de derecho. Si no, no saldrá nunca de la pobreza y la desesperanza”.

Un acuerdo de esa naturaleza aumentaría notablemente las perspectivas económicas  a largo plazo de Nicaragua. Del mismo modo, el tener mejores instituciones legales le permitiría a Guatemala reducir la violencia causada por las pandillas y la droga, que ha hecho estragos en el crecimiento de su producto interno bruto (GDP). Pero estos cambios tendrán lugar sólo si los dos países eligen a dirigentes políticos con visión de futuro. Esto es lo que deben recordar los votantes cuando vayan a las urnas el 6 de noviembre.
Jaime Daremblum fue embajador de Costa Rica en los Estados Unidos desde 1998 hasta 2004 y es ahora director del Centro de Estudios de América Latina en el Instituto Hudson.