Dos días antes de que los norteamericanos le dieran a Barack Obama cuatro años más en la Casa Blanca, los nicaragüenses fueron a las urnas para votar en elecciones locales. Los resultados fueron tristemente previsibles: el Frente Sandinista de Daniel Ortega, que está en el poder, obtuvo una amplia mayoría de los votos; la oposición denunció la existencia de un fraude masivo y el Departamento de Estado estadounidense expresó su preocupación por esas ”irregularidades”.
A continuación sigue parte de la declaración hecha el 5 de noviembre por Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado: “Ha habido denuncias generalizadas sobre la actitud partidista con la que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua condujo el proceso durante el período preelectoral y en el día de las elecciones para favorecer al partido que está en el poder. Las irregularidades que se observaron el día de la elección incluyen casos de ciudadanos a los que se les negó el derecho de votar, casos de falta de respeto por el secreto del voto y denuncias de casos en los que se permitió que las mismas personas votaran varias veces. Estas prácticas inquietantes han desvirtuado varias elecciones recientes en Nicaragua”.
En efecto, “irregularidades” semejantes a estas empañaron las elecciones nacionales del país en 2011. Esas elecciones “constituyeron un deterioro de la calidad democrática del proceso electoral en Nicaragua, a causa de la falta de transparencia y neutralidad con la que las administró el Consejo Supremo Electoral”, de acuerdo con el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Las “irregularidades” de las elecciones locales de 2008 en Nicaragua fueron tan enormes que, como castigo, los países del mundo occidental suspendieron la ayuda económica al país.
Hace cuatro años, los sandinistas ganaron 109 elecciones municipales. Este año, ganaron 134 de un total de 153, es decir, casi el 88 por ciento de todos los cargos en contienda. Sobre la base de datos compilados por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, el periodista Tim Rogers apunta que más de un quinto de todos los nicaragüenses que intentaron votar el 4 de noviembre no aparecían en los registros oficiales de votantes y, por consiguiente, tuvieron prohibido el acceso a los lugares de votación. Entre tanto, parece que al menos algunos partidarios sandinistas votaron dos veces.
El diputado nicaragüense Eliseo Núñez, miembro del Partido Liberal Independiente, declaró a la agencia Associated Press: “No damos ningún crédito a los resultados anunciados por el Consejo Electoral, que está completamente desacreditado y falto de credibilidad y que juega a favor de [los Sandinistas] y permite que los muertos aparezcan en las listas de candidatos. Nosotros participamos porque el pueblo tiene que tener posibilidad de elegir. Pero sabemos que todo estaba arreglado y que el Consejo Electoral hizo lo que Daniel Ortega le había ordenado.”
Con cada elección fraudulenta o ilegítima, Nicaragua está más cerca de ser una autocracia de partido único. Al estado de derecho lo ha reemplazado efectivamente la matonería sandinista.
Basta con examinar la reelección de Ortega en 2011. La constitución de Nicaragua es absolutamente clara con respecto a los límites de mandato. Ningún presidente puede desempeñar el cargo durante más de dos períodos en total, y no se le permite desempeñarlo en dos períodos consecutivos. En 2009, Ortega estaba en medio de su segundo período presidencial, ya que había ocupado el cargo por primera vez en la década de los ochenta. Por consiguiente, de acuerdo con la letra de la ley, a Ortega le estaba prohibido constitucionalmente presentarse a la reelección.
Pero eso importó poco. En octubre de ese año, los miembros sandinistas de la Corte Suprema pergeñaron un ardid para darle una pátina de constitucionalidad a la candidatura de Ortega para la reelección. En una maniobra digna del autócrata venezolano Hugo Chávez, la corte, que está controlada por los sandinistas, hizo una reunión en la que tres jueces sandinistas ocuparon como “reemplazantes” los puestos que normalmente ocupan tres jueces de oposición. Esos seis magistrados emitieron un fallo (técnicamente ilegal) que le permitió a Ortega presentarse a elecciones por un nuevo período en 2011.
Después de las elecciones municipales de 2012 no hay modo de dorar la píldora: la segunda nación más pobre (después de Haití) en toda América Latina y el Caribe alberga —una vez más— a una dictadura sandinista en ascenso.
En efecto, la ampliamente respetada organización Freedom House [Casa de la Libertad] ya no considera a Nicaragua como una verdadera democracia electoral, en gran medida a causa de las “irregularidades” que rodearon a la elección presidencial de 2011. En su informe Freedom in the World [La libertad en el mundo] publicado en 2012, Freedom House asigna a Nicaragua y a Venezuela el mismo puntaje en la categoría de derechos políticos. (Cada país recibe 5 puntos, dentro de una escala de 1 a 7, en la que 1 es la mejor calificación y 7 la peor). Entre 2008 y 2012, el puntaje global de Nicaragua en la encuesta de Freedom House descendió 13 puntos. Solo cuatro países —Bahrain, Mauritania, Madagascar y Gambia— sufrieron un descenso aun mayor.
Y aun así, Ortega ha conseguido hábilmente tranquilizar a la comunidad de negocios nicaragüense, mateniendo una razonable política económica, apoyando el Acuerdo de Libre Comercio de América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés) y, lo más importante quizá, asegurándose generosos subsidios de petróleo y dinero por parte de Venezuela. Como señala el periodista Mike McDonald: “la compañía petrolera estatal de Nicaragua le compra petróleo con descuento a Venezuela, lo vende y entrega las ganancias a la empresa privada venezolano-nicaragüense Albanisa”. (McDonald agrega que “Ortega supuestamente ha usado esos fondos para financiar programas sociales, pero sus críticos han denunciado la falta de transparencia de ese arreglo y temen que Ortega esté amasando una fortuna de miles de millones”.) Además, Venezuela recibe ahora más del 12,5 por ciento de las exportaciones de Nicaragua, cuando solo recibía menos del 1 por ciento en 2007. Venezuela ha estado comprando esos productos de exportación a “un precio notablemente alto”, observa The Economist.
Sin esa asistencia de Venezuela, la situación económica de Nicaragua sería mucho peor de lo que es. Después de todo, Nicaragua es todavía un país empobrecido que no tiene un clima de negocios particularmente atractivo. En el último Índice de facilidad para hacer negocios, publicado por el Banco Mundial, Nicaragua ocupa el puesto 119, detrás de Yemen y la nación insular de Kiribati en el océano Pacífico. En el Índice de libertad económica de 2012, publicado por la Fundación Heritage, Nicaragua ocupa el puesto 101, pero su puntaje es desastrosamente bajo en el área de derechos de propiedad, en donde aparece detrás de todos los países de América Latina y el Caribe, con excepción de Bolivia, Cuba, Haití y Venezuela.
En algún momento se acabarán los subsidios de Venezuela, y comenzará a disminuir significativamente la popularidad de Ortega. Pero ese momento puede llegar demasiado tarde para salvar a la democracia nicaragüense.
Jaime Daremblum fue embajador de Costa Rica en los Estados Unidos desde 1998 hasta 2004; es actualmente director del Centro de Estudios de América Latina en el Instituto Hudson.
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