Durante el verano de 2009, América Latina entró en un completo estado de crisis cuando las instituciones democráticas de Honduras destituyeron de su cargo al presidente, y aspirante a autócrata, Manuel Zelaya. A los funcionarios hondureños se los acusó de haber organizado un golpe militar, y a varios de ellos el gobierno de Obama les revocó la visa diplomática. Entre tanto, la Organización de Estados Americanos suspendió a Honduras. Y sin embargo, un estudio publicado por la Biblioteca de Derecho del Congreso de los Estados Unidos concluyó que “en el caso contra el presidente Zelaya, las ramas legislativa y judicial aplicaron las normas constitucionales y legales de una manera que, según las autoridades hondureñas de ambas ramas del gobierno, concordaba con el sistema legal del país (el énfasis es mío).
Tres años después, se produjo una crisis similar cuando, en Paraguay, los legisladores votaron casi unánimemente someter a juicio al presidente Fernando Lugo y destituirlo por “pobre desempeño de su cargo”. En la cámara baja, el voto en favor de la destitución fue de 76 a 1. En la cámara alta, el voto que lo declaró culpable de pobre desempeño fue de 39 a 4. Aunque deberían haberle dada más tiempo a Lugo para preparar su defensa, tener más tiempo no era un derecho que le correspondiera por ley, y la corte suprema autónoma del Paraguay le dio a todo el proceso su “imprimatur” constitucional. Eso no impidió, sin embargo, que Hugo Chávez y sus acólitos calificaran de “golpe” a la destitución de Lugo. Acto seguido, el bloque Mercosur suspendió a Paraguay, y funcionarios de gobierno de toda la región expresaron su gran inquietud por la destitución de Lugo. Pero esos mismos funcionarios mostraron mucha menos inquietud por la evidencia de que Venezuela y Ecuador habían tratado de provocar un levantamiento militar contra el gobierno legalmente constituido que sucedió a Lugo.
Cuento esta historia, porque América Latina enfrenta ahora una verdadera crisis constitucional en Venezuela, y la respuesta de los países con mayor influencia en la región ha sido encogerse de hombros.
Todos sabemos que el mandatario venezolano Hugo Chávez, que ganó la reelección el 7 de octubre de 2012, sufre de cáncer y está incapacitado. Sabemos que lo han sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas en Cuba. Y sabemos que Chávez estaba demasiado enfermo para asistir a la ceremonia de toma de posesión, programada para el 10 de enero. Pero no sabemos qué enfermo está Chávez en realidad, y tampoco sabemos si alguna vez podrá retomar sus funciones de presidente. El régimen de Venezuela y sus aliados cubanos se han resistido empecinadamente a que médicos independientes confirmen la exacta naturaleza de la condición de Chávez. Oficialmente, Chávez sigue siendo el presidente, aunque no prestó juramento ante la Asamblea Nacional o la Suprema Corte de Venezuela.
En otras palabras, los partidarios de Chávez han decidido burlarse de la constitución venezolana de 1999 —la misma constitución que redactaron Chávez y sus compinches— que estipula que el presidente debe prestar juramento ante los legisladores y los jueces de la Corte Suprema el 10 de enero. Según Diego Ocampo, analista de IHS Global Insight que previamente se desempeñó como secretario en jefe en la oficina del Fiscal General de Venezuela, las acciones de los partidarios de Chávez constituyen “una violación del orden constituciones y un golpe de estado institucional en el que se usan las instituciones del estado para socavar el orden democrático”.
El sucesor designado de Chávez es Nicolás Maduro, que se desempeña actualmente como vicepresidente. Con su mentor confinado a una cama de hospital en Cuba, Maduro surge ahora como mandatario de facto de Venezuela. La semana pasada, por ejemplo, Maduro pronunció un discurso sobre el estado de la nación pero, al mismo tiempo, insiste en que Chávez, aunque sufre de cáncer, se recobrará en algún momento de su incapacidad actual. A medida que pasan las semanas, disminuye el número de venezolanos que aun cree esas palabras.
Bajo la constitución bolivariana, la ausencia temporal de un presidente exige que el vicepresidente asuma el más alto cargo de gobierno en Venezuela, mientras que una ausencia permanente exige que el presidente de la Asamblea Nacional desempeñe el cargo hasta que se elija a un nuevo presidente. De ese modo, si el gobierno realmente cumpliera con la ley, o Maduro o Diosdado Cabello habrían asumido formalmente el poder. En cambio, ambos funcionarios afirman categóricamente que Chávez sigue a cargo del gobierno, y ambos han ignorado por completo los legítimos argumentos constitucionales presentados por la oposición democrática.
Si los demócratas venezolanos esperaban recibir apoyo significativo del resto de América Latina, sus esperanzas han sido defraudadas. A nadie parece inquietarle particularmente el hecho de que el régimen de Chávez haya violado de manera ostensible la constitución y haya en efecto ejecutado un “golpe institucional”. Lamentablemente, la silenciosa aquiescencia de la región no es una gran sorpresa.
Durante muchos años ya, América Latina ha mantenido un irrisorio doble estándar. Cuando a un matón pro-Chávez como Manuel Zelaya o a un izquierdista como Fernando Lugo los destituyen legal y constitucionalmente de su cargo, Venezuela y sus secuaces (Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua) lanzan indignadas denuncias y usan la intimidación para forzar a otros países a que los sigan. En cambio, cuando un miembro de la pandilla de Chávez lanza un genuino ataque contra la democracia, la región guarda casi completo silencio.
Este doble estándar animó a Daniel Ortega a robar las elecciones en Nicaragua. Animó a Rafael Correa a perseguir a periodistas en Ecuador. Animó a Evo Morales a tratar con brutalidad a sus críticos en Bolivia. Animó a Cristina Kirchner a mentir sobre datos económicos y a hacer guerra contra los medios de comunicación de oposición en Argentina. Y animó, por último, a Chávez y a sus seguidores a destruir sistemáticamente la democracia en Venezuela.
No nos equivoquemos. La actual crisis constitucional de Caracas no es simplemente un dilema para Venezuela. La crisis pone a prueba si América Latina está dispuesta a alzarse en defensa de la democracia. Ahora mismo, la región no está pasando esa prueba.
El embajador Jaime Daremblum es investigador principal y director del Centro de Estudios de América Latina en el Instituto Hudson.
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