Algo extraordinario ha sucedido en El Salvador. En los últimos meses, la tasa de homicidios bajó, de manera dramática y repentina, un 60 por ciento, gracias a una tregua acordada entre Mara Salvatrucha (conocida también como “MS-13”) y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas del país. No queda claro aun si el gobierno de El Salvador tuvo un papel importante en la negociación de la tregua. Pero la caída repentina y veloz del número de asesinatos ha producido una conmoción en todo el “triángulo norte” de América Central, que es hoy la región de mayor violencia en el mundo entero.
Dos preguntas surgen de manera inmediata: ¿cuánto podrá durar la tregua en El Salvador? y ¿ofrece esa tregua un modelo práctico que los gobiernos de los países vecinos deberían tratar de replicar?
Con respecto a la primera pregunta, todos los salvadoreños están en vilo, deseando desesperadamente que la tregua continúe y temiendo, al mismo tiempo, que se pueda quebrar en cualquier momento. No sabemos todavía qué promesas (si es que existen) les hizo el gobierno a las maras; tampoco sabemos cuándo suspenderán las maras (si es que lo hacen alguna vez) su agresiva actividad de extorsión, que ha paralizado a las empresas salvadoreñas y ha dañado gravemente la economía del país.
Lo que sí sabemos es que la MS-13 y el Barrio 18 hicieron su histórica declaración a mediados de marzo, poco después que unos 30 de sus miembros más prominentes fueran trasladados desde la prisión de alta seguridad de Zacatecoluca a otros establecimientos penitenciarios menos severos. El presidente Mauricio Funes niega rotundamente que el gobierno haya arreglado un intercambio de favores con las maras pero admite que el traslado de una prisión a otra “facilitó” la tregua subsiguiente. Parece que el mediador clave entre la MS-13 y el Barrio 18 fue un obispo católico llamado Fabio Colindres, que hace trabajo humanitario en las cárceles de El Salvador.
Un mes después de la declaración de paz, El Salvador vivió el primer día sin asesinatos desde 2009, el año en el que Funes asumió el poder. El 2 de mayo, las dos pandillas extendieron la tregua con un acuerdo en el que (1) se declaran “zonas de paz” a todas las escuelas del país y (2) cesa por completo “el reclutamiento involuntario de niños y adultos”. Una vez más, el obispo Colindres fue el intermediario crucial.
¿Hay algo perdurable en todos estos arreglos? Existen buenas razones para dudarlo. MS-13 y Barrio 10 son organizaciones transnacionales implicadas en una multitud de operaciones ilegales. Las dos maras no pueden esperar que el gobierno de Funes ignore las desenfrenadas extorsiones que llevan a cabo. La promesa de no asesinar a los miembros de otras maras o de no reclutar por la fuerza a nuevos peones no les da a esas mafias —o al menos no debería darles— licencia de hecho para que incurran en otras formas de conducta ilegal. Existe un peligro real de que la tregua pueda debilitar el estado de derecho si los salvadoreños creen que el gobierno ha hecho concesiones demasiado generosas a criminales violentos.
Además, en el caso de Belice la evidencia sugiere que las treguas entre pandillas pueden desmoronarse fácilmente. El año pasado en Belmopan, el gobierno negoció un acuerdo de paz entre las maras. Al principio, la tregua fue todo un éxito: la tasa nacional de homicidio bajó sustancialmente. “Entre septiembre y marzo “, de acuerdo con un artículo publicado en The Economist, “Belice tuvo un promedio de siete asesinatos por mes, que es la mitad del promedio de los seis meses anteriores. En abril, sin embargo, el asesinato de dos jefes de pandillas desencadenó una ola de represalias. En ese mes se perpetraron 21 asesinatos, el número mensual más alto en más de dos años”.
Por otra parte, la tregua en El Salvador le ha dado al presidente Funes y a otras autoridades la oportunidad histórica de crear instituciones civiles y legales dignas de confianza y con capacidad de acción. Como apunta Rachel Schwartz, funcionaria de Diálogo Interamericano, “es difícil imaginar cómo los gobiernos centroamericanos podrían fortalecer el estado de derecho sin poner freno a las matanzas”. Sin duda, es prácticamente imposible crear instituciones sólidas en un país pobre en medio de una guerra interminable entre pandillas. Ahora que ha cesado, al menos temporalmente, el enfrentamiento armado entre las dos bandas más importantes del país, las autoridades salvadoreñas tienen más posibilidades de crear fuerzas policiales y órganos judiciales eficaces y dignos de confianza.
Como es lógico, hay funcionarios de Guatemala y Honduras que están vivamente interesados en estudiar la tregua salvadoreña y derivar de ella lecciones útiles para sus propios países, plagados de violencia. Las condiciones de esos dos países pasaron hace ya tiempo su punto crítico. En una entrevista reciente publicada en el New York Times, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, ex general y político conservador que fue elegido en 2011, dijo, con respecto a la lucha contra los carteles de la droga: “Si no hay innovaciones, si no vemos nada verdaderamente diferente de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, entonces esta guerra está en camino a la derrota”. (Es más. En un informe publicado en 2010 sobre el clima de seguridad en Guatemala, el historiador Hal Brands, de la universidad de Duke, observaba: “la influencia de actores criminales, no estatales, rivaliza o aun supera la del gobierno en hasta un 40 por ciento del país”.) Con respecto a Honduras, ese país tiene ahora la tasa de asesinatos más alta del mundo y, de acuerdo con un análisis del Banco Mundial, el costo del crimen y la violencia equivale al 9,6 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) del país.
Es importante subrayar, una vez más, que las treguas entre pandillas no representan una verdadera solución a largo plazo para los problemas de seguridad que afligen a Centroamérica. Ante todo, países como Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras necesitan desarrollar instituciones civiles y legales más sólidas y con mayor transparencia. Pero ninguna institución de calidad podrá surgir hasta que la violencia se reduzca a un nivel manejable. La tregua entre MS-13 y Barrio 18 ha hecho posible esa reducción. ¿Aprovecharán la ocasión las autoridades salvadoreñas?
El embajador Jaime Daremblum es director del Centro de Estudios de América Latina en el Hudson Institute.
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