En algún momento este mes, Cristina Kirchner anunciará si se presenta, o no, a elecciones para tratar de ganar un segundo término como presidente de Argentina. Aunque públicamente ha dicho que aun no está decidida, todo el mundo espera que Kirchner busque la reelección. El voto tendrá lugar en octubre, y los partidos de oposición siguen estando completamente divididos. Entre tanto, los altos precios globales de la soya y los granos le han dado un fuerte estímulo a la economía argentina, que depende en gran medida de las exportaciones. Si la actual presidenta se postula para un segundo término, muy probablemente ganará la elección.
Lamentablemente, una nueva victoria de Kirchner significa que continuará el izquierdismo autoritario que ha alimentado la inflación masiva, ha debilitado la democracia, ha reducido la libertad de expresión y ha empañado la imagen internacional de Argentina. Su reelección será una mala noticia para los titulares de bonos de Argentina, para sus empresarios privados, para los inversores extranjeros y para los Estados Unidos.
Para entender la declinación argentina de los últimos años, debemos regresar al colapso financiero de 2001, que ha distorsionado hasta el día de hoy la política del país. Hace diez años, Argentina experimentó la más grande cesación de pagos de deuda soberana registrada en la historia del mundo (81.000 millones de dólares). El modo en el que, a partir de entonces, el gobierno ha tratado a sus antiguos acreedores ha sido torpe e inequitativo. Desafortunadamente, ese comportamiento refleja una actitud de mucho mayor alcance: la irresponsable adopción de una política económica al estilo de Chávez.
En 2005, el entonces presidente argentino Néstor Kirchner (el difunto esposo de Cristina) ofreció a los antiguos titulares de bonos de su país 27 centavos por cada dólar de deuda incumplida. El gobierno se negó, además, a reconocer toda deuda contraída con titulares de bonos que decidieron no aceptar la oferta de Kirchner. Dos veces en 2010 el gobierno reinició canjes de deuda, pero los términos propuesto entonces no eran mejores que los que había ofrecido cinco años antes. Argentina tiene todavía una deuda de aproximadamente 1.600 millones de dólares con acreedores privados de todo el mundo, incluidos 3.500 millones que debe a acreedores de los Estados Unidos. Debe además una suma adicional de 9.000 millones a los países miembros del Club de París. Una década después de la cesación de pagos, Buenos Aires sigue resistiéndose a negociar de manera equitativa con los titulares de sus bonos.
No debe sorprender que el gobierno de Cristina Kirchner esté bajo una fuerte presión legal dentro y fuera de los Estados Unidos. Enfrenta ahora más de 100 sentencias en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto con sentencias arbitrales en el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID) del Banco Mundial. Argentina es responsable del notable monto del 84 por ciento de todos los casos que el ICSID tiene pendientes con países del grupo G20.
Cuando los inversores globales miran hoy a Buenos Aires, lo que ven es un gobierno que de manera insistente se ha negado a aceptar un arreglo justo de cuentas con los antiguos titulares de sus bonos. Un gobierno que nacionalizó los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las líneas aéreas y los fondos privados de jubilación. Un gobierno que hace poco usó un decreto presidencial para ampliar considerablemente su influencia en empresas privadas. Un gobierno que precipitó una inflación galopante y luego adulteró las estadísticas oficiales para ocultar el daño (Como informó el New York Times en febrero de este año, hay ahora “evidencia sustancial” de que “durante los últimos cuatro años, las tasas de inflación y pobreza anunciadas por la agencia nacional de estadística del gobierno son mucho menores que las reales”). Un gobierno que ha creado nuevos impuestos perjudiciales para la economía. Un gobierno que ha estimulado la fuga de capitales. Un gobierno que ha atacado a los periodistas de oposición y ha mostrado un completo desdén por la libertad de prensa. Un gobierno acosado por la corrupción. Un gobierno que ha mostrado una creciente hostilidad hacia los Estados Unidos (El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina acusó a Washington de financiar la operación de escuelas de tortura).
Todo esto suena como una descripción del régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Y, por cierto, las semejanzas entre Kirchner y Chávez son francamente perturbadoras. Aunque no ha lanzado una guerra total contra la democracia o la empresa privada, como ha hecho Chávez, Kirchner ha tomado a un país que alguna vez fue “la joya de América del Sur” —un país rico en materias primas e infraestructura y con una fuerza de trabajo altamente educada— y lo ha transformado en uno de los “hombres enfermos” de América del Sur. Desde 2003, el lugar de Argentina en el Índice de Libertad Económica del Wall Street Journal y la Fundación Heritage ha descendido del puesto número 68 (de un total de 156 economías) al puesto número 138 (de un total de 179 economías). Entre los países con índices más altos que Argentina se encuentran Tayikistán, Papúa Nueva Guinea, Haití, Mauritania y Camerún. A principios de este año, el antiguo ministro argentino de economía Domingo Carvallo declaró al New York Times: “El nivel de pobreza es ahora más alto que en los peores momentos de la década del noventa. . . . Sin duda, la inflación está aumentando la pobreza”.
¿Qué desesperado está el gobierno de Kirchner? Mucho. Tanto que, de acuerdo con un documento clasificado que obtuvo la publicación semanal argentina Perfil, el Canciller Héctor Timerman les ha dicho a funcionarios del gobierno sirio que Argentina “estaría dispuesta a suspender por completo la investigación de los ataques terroristas de 1992 y 1994, atribuidos a Irán, a cambio de que se renueven y fortalezcan las relaciones comerciales entre los dos países, que en su mejor momento alcanzaron un total de 1200 millones de dólares por año. Es casi completamente seguro que los dos ataques fueron planeados por agentes iraníes. El primer atentado (en 1992) destruyó el edificio de la embajada de Israel, mientras que el segundo ataque redujo a escombros un centro de la comunidad judía de Argentina.
Durante su presidencia (2003-2007), Néstor Kirchner condenó a Teherán por su falta de cooperación con las investigaciones. Después de asumir el gobierno, su esposa continuó presionando a Irán. Hasta que se publicó el artículo de Perfil, Cristina Kirchner había recibido un fuerte apoyo de grupos judíos en Argentina, Israel y los Estados Unidos (Timerman es el primer Canciller judío de Argentina). Ahora, sin embargo, parece que el gobierno está dispuesto al menos a hacer flotar la idea de encubrir el terrorismo iraní a cambio de concesiones comerciales. A fines de mayo, Perfil documentó, con citas textuales de datos del ministerio de agricultura de Argentina, que las exportaciones a Irán se habían duplicado entre 2009 y 2010 y que habían crecido un descomunal 645 por ciento durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Los acreedores extranjeros han descubierto de la peor forma posible que Argentina no es un deudor fiable. Aparentemente, tampoco es un amigo fiable de Israel o de los Estados Unidos. Cuatro años más de Kirchner serán el deleite de Hugo Chávez, a quien le encanta tener un estrecho aliado ideológico y económico en Buenos Aires. Pero harán también que se acelere aun más la decadencia de Argentina.
Jaime Daremblum fue embajador de Costa Rica en los Estados Unidos desde 1998 hasta 2004 y es ahora director del Centro de Estudios de América Latina en el Instituto Hudson.
*Traducido al español por Inés Azar
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