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La prominencia de Paraguay

Paraguay funciona todavía como una democracia, que es más de lo que podemos decir de Venezuela o Nicaragua.

by
Jaime Daremblum

Bio

July 10, 2012 - 4:40 pm
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Numerosos periodistas y decisores políticos de América Latina (y ede los Estados Unidos) se niegan aun a aceptar que la destitución de Zelaya fue un acto legal. Pero un estudio, publicado en 2009 por la Biblioteca de Derecho del Congreso de los Estados Unidos, concluye que “en el caso contra Zelaya, la legislatura y la suprema corte aplicaron la ley constitucional y estatutaria de un modo que, a juicio de las dos ramas del gobierno, estaba en perfecto acuerdo con el sistema legal de Honduras”. Es verdad que ese mismo estudio afirma que el exilio de Zelaya violó el Artículo 102 de la constitución de Honduras. Además, Ramón Custodio, un alto funcionario del gobierno interino que asumió el poder en Honduras después de la deposición de Zelaya, dijo más tarde que había sido un “error” enviar al ex presidente a Costa Rica. (Pero debemos recordar que los militares hondureños tenían buenas razones para enviar a Zelaya fuera del país: el acólito de Chávez había dejado completamente claro que estaba dispuesto a usar la violencia para mantenerse en el poder.)

En 2009, la Organización de Estados Americanos (OEA) respondió a la destitución de Zelaya suspendiendo temporalmente a Honduras (La OEA volvió a admitir al país en junio del año pasado). En el momento de escribir este comentario, el organismo regional con sede en Washington todavía no ha suspendido al Paraguay por la destitución de Lugo, pero abundan las conjeturas de que podría hacerlo.

No importa qué pensemos de la controversia sobre la deposición de Lugo, sería una total hipocresía y falta de seriedad moral que la OEA expulsara al Paraguay después de haber cerrado los ojos repetidamente ante la destrucción de la democracia en Venezuela, para no hablar de los abusos autocráticos cometidos en Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Hace cuatro años, por ejemplo, el Partido Sandinista, que estaba en el poder en Nicaragua, robó descaradamente las elecciones municipales (incluida la elección para alcalde de Managua), provocando la suspensión de la ayuda económica por parte de los Estados Unidos y Europa. Un año después, los sandinistas se valieron de la matonería y de tácticas que constituyen una fraudulenta parodia de los procedimientos legales para abolir los límites constitucionales del mandato presidencial y de ese modo permitirle a Daniel Ortega que se volviera a presentar a elecciones para la presidencia. Las elecciones nacionales de 2011, en las que triunfó Ortega, quedaron arruinadas también por otros chanchullos de los sandinistas. Luis Yáñez-Barnuevo, el principal observador electoral de la Unión Europea, estuvo de acuerdo en que Ortega había ganado la elección, pero puso seriamente en duda el margen oficial de victoria de los sandinistas. “Yo no estoy diciendo que ganaron de manera limpia y transparente, porque no sabemos lo que habría ocurrido sin todos estos trucos y estratagemas”, dijo Yáñez-Barnuevo.

En ningún momento, durante este implacable ataque contra la democracia, Nicaragua ha sido suspendida por la OEA. Tampoco se ha suspendido a Venezuela, a pesar de que Chávez ha instituido virtualmente una dictadura; ni se ha suspendido a Bolivia, aunque sufre ya más de seis años de persecución política y erosión de la democracia bajo el gobierno de Evo Morales; ni a Argentina o a Ecuador, a pesar del persistente ataque de sus respectivos gobiernos contra la libertad de prensa.

A este punto, la duplicidad con la que actúa el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza (en el cargo desde 2005) es vergonzosamente obvia. No importa qué fechorías cometan, Chávez y otros autócratas de izquierda no necesitan tener miedo de que los castigue la principal institución multilateral de América Latina.

Pero el problema va más allá de Insulza. Si las más poderosas naciones latinoamericanas tomaran verdaderamente en serio la defensa de la democracia en la región, la OEA podría haber asumido una postura firme contra los abusos dictatoriales de Chávez y compañía. En cambio, países como el Brasil han permitido, sin abrir el pico, que el hombre fuerte venezolano socave la democracia dentro y fuera de su país. De hecho, el 29 de junio de este año, el mismo día en el que Mercosur suspendió a Paraguay, impidiéndole asistir a sus reuniones, ese grupo económico anunció que Venezuela sería pronto uno de sus miembros permanentes.

Una última observación sobre Venezuela y Paraguay: algunos funcionarios paraguayos han acusado al ministro de relaciones exteriores de Venezuela Nicolás Maduro de tratar de incitar un golpe militar para mantener a Lugo en su cargo y el gobierno de Paraguay ha retirado a su embajador en Caracas. Ahora, Venezuela no parece haber sido el único país que intentó provocar un levantamiento a favor de Lugo dentro de las fuerzas armadas paraguayas: como apunta Francisco Toro en una de las bitácoras electrónicas de la revista Foreign Policy“, el embajador de Ecuador en Paraguay también trató de instigar un levantamiento militar, haciendo del episodio una verdadera conspiración internacional”.

En suma, simplemente, no hay que esperar que la OEA preste mucha atención.

El embajador Jaime Daremblum es director del Centro de Estudios de América Latina en el Instituto Hudson.

 

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Jaime Daremblum, who served as Costa Rica’s ambassador to the United States from 1998 to 2004, is director of the Center for Latin American Studies at the Hudson Institute.

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