Get PJ Media on your Apple

La cínica estrategia de Ortega

Daniel Ortega, en la década de los ochenta, transformó a Nicaragua en un estado cliente de la Unión Soviética, no es un verdadero aliado ni de la democracia ni del capitalismo. Pero el hecho de que tolere, aunque de mala gana, al capitalismo le sirve ahora para desmantelar la democracia.

by
Jaime Daremblum

Bio

July 20, 2011 - 12:00 am

Daniel Ortega, el ex-dictador marxista leninista que, en la década de los ochenta, transformó a Nicaragua en un estado cliente de la Unión Soviética, no es un verdadero aliado ni de la democracia ni del capitalismo. Pero el hecho de que tolere, aunque de mala gana, al capitalismo le sirve ahora para desmantelar la democracia.

Después de que Violeta Chamorro lo derrotara en una ampliamente divulgada elección en 1999, Ortega se valió de una siniestra alianza con el corrupto y convicto Arnoldo Alemán para volver a ganar la presidencia de Nicaragua 16 años más tarde. Antes del pacto Ortega-Alemán, un candidato presidencial necesitaba un mínimo del 40 por ciento de los votos para asegurarse la victoria. Después del pacto, el requisito se redujo al 35 por ciento. De ese modo, en noviembre de 2006, Ortega pudo ganar la elección con sólo un 38 por ciento de los votos. (Sus dos rivales conservadores más importantes, Eduardo Montealegre y José Rizo, ganaron un total combinado de votos del 55 por ciento.)

Desde entonces, Ortega ha mostrado un desprecio visceral por la democracia. Por ejemplo, su partido sandinista descaradamente robó la elección de alcalde de Managua en 2008, y Ortega recurrió a la matonería legal para darle a su campaña electoral una pátina de respaldo constitucional. Desde luego, bajo cualquier interpretación objetiva de la constitución de Nicaragua, debería prohibirse que Ortega se presente para un nuevo mandato como presidente. El texto de la constitución establece explícitamente un límite de dos mandatos no consecutivos en el cargo de presidente y explícitamente prohíbe que un presidente en ejercicio busque la reelección. Ortega está terminando ahora su segundo mandato (el primero fue en la década de los ochenta), de modo que las dos restricciones constitucionales son pertinentes en su caso.

Pero la Corte Suprema de Nicaragua se ha transformado en una institución completamente corrupta, y en noviembre de 2009 sus miembros sandinistas conspiraron para eliminar los obstáculos constitucionales a la reelección de Ortega. Los jueces sandinistas celebraron sin previo aviso una reunión del panel constitucional de seis magistrados. En esa reunión estaban ausentes, por supuesto, los tres jueces de oposición, a los que los sandinistas reemplazaron con tres jueces “suplentes.” Esta fraudulenta parodia de corte procedió entonces a invalidar la provisión constitucional que establece límites de mandato, a pesar de que, de acuerdo con el texto constitucional, la única institución con el poder de hacer esos cambios es la Asamblea Nacional.

Ésa fue una pura y simple usurpación de poder que mostró quién es Ortega verdaderamente y que constituye una severa advertencia de que la democracia nicaragüense está en peligro de extinguirse. El mismo líder que formó un estado policial al estilo de Cuba durante los años de Reagan parece decidido a reinstaurar un régimen autoritario y emprender una política exterior beligerante. El gobierno de Ortega ha hostigado a periodistas que lo critican y a oponentes políticos. Durante una disputa fronteriza en el otoño de 2010, las tropas nicaragüenses invadieron y ocuparon el territorio soberano de Costa Rica, en un acto manifiesto de agresión contra un país sin ejército.

Con todos estos antecedentes, ¿cómo es que la comunidad de negocios nicaragüenses no está activamente empeñada en hacer campaña para derrotar a Ortega? La respuesta es simple: el presidente sandinista ha adoptado medidas económicas pragmáticas y se ha beneficiado de una masiva infusión de dinero en efectivo que le ha proporcionado el autócrata venezolano Hugo Chávez. Impulsada por la fuerte exportación, el turismo y las inversiones de Venezuela, la economía nicaragüense experimentó un sólido crecimiento el año pasado y continúa su buen desempeño en 2011. Nicaragua sigue siendo un país con una altísima tasa de pobreza (en segundo lugar, dentro del Hemisferio Occidental, detrás de Haití), pero ha sabido aprovechar el Tratado de Libre Comercio para America Central (CAFTA), que entró en efecto in 2006. Como candidato presidencial, Ortega se opuso ferozmente a la adopción de CAFTA, pero ha sostenido el acuerdo desde que asumió el poder.

En suma, mientras Chávez ha hecho guerra abierta a la empresa privada y ha ahuyentado a los inversores extranjeros, Ortega (hasta ahora) ha manejado la economía con moderación. Después de su reciente viaje a Managua, el columnista Andrés Oppenheimer, del Miami Herald, escribió: “Para mi sorpresa, la comunidad de negocios parece sentirse aliviada con respecto a Ortega,  quien, a diferencia de su benefactor Hugo Chávez, aun no ha nacionalizado ni confiscado ninguna de las grandes empresas privadas. Mucha gente de negocios con la que hablé señaló que, a pesar de su encendida retórica contra el capitalismo, la comunidad de negocios, los medios independientes de comunicación y los Estados Unidos, Ortega ha mantenido un Banco Central semi-independiente y acepta las condiciones económicas favorables para el mercado impuestas por el Fondo Monetario Internacional.”

La sensación de alivio del grupo de presión de los empresarios es comprensible. Pero, ¿qué del destino de la democracia nicaragüense, cuya defensa dio lugar a una sangrienta guerra civil? ¿Los dirigentes de negocios están dispuestos a dejar que Ortega cree una autocracia a cambio de que maneje con prudencia la economía? ¿Quieren, en efecto, vivir bajo una dictadura, si está económicamente bien informada? Y en ese caso, ¿no existe el riesgo de que Ortega recurra a una economía al estilo de Chávez una vez que haya terminado de restablecer un régimen de partido único?

No debemos olvidar que el gobierno sandinista llevó a la fuga masiva de capitales y a la hiperinflación durante los años ochenta. Los nicaragüenses no están dispuestos a aventurarse una vez más por ese camino. Y Ortega lo sabe. Sabe también que para tener éxito es crucial que consiga tranquilizar a los grupos de presión de empresas. Por eso, Ortega ha combinado cínicamente pragmatismo económico y política autoritaria: apoya a CAFTA, pero también roba elecciones; propulsa las inversiones extranjeras, pero también manipula el sistema judicial; promueve un buen clima de negocios, pero también desacata abiertamente la constitución.

Hasta ahora, la fórmula le ha dado resultado. Con un notable crecimiento económico y una oposición débil y dividida, Ortega parece aprestarse a ganar la reelección sin problemas. Cinco años más de gobierno sandinista podrán contentar perfectamente a la comunidad de negocios. Pero contribuirán sin duda a una mayor erosión de la democracia y podrán exacerbar la inestabilidad regional (si Ortega emprende nuevas aventuras en el extranjero como la invasión de Costa Rica en 2010). ¿Es este, verdaderamente, el futuro que quieren los nicaragüenses?

Jaime Daremblum fue embajador de Costa Rica en los Estados Unidos desde 1998 hasta 2004 y es ahora director del Centro de Estudios de América Latina en el Instituto Hudson.

(Traducido al español por Inés Azar.)

Jaime Daremblum, who served as Costa Rica’s ambassador to the United States from 1998 to 2004, is director of the Center for Latin American Studies at the Hudson Institute.

Comments are closed.