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El 26 de septiembre, la revista Latin Business Chronicle informó que es muy posible que Argentina termine el año 2011 con la segunda más alta tasa de inflación del mundo, detrás sólo de Bielorusia, la última dictadura de Europa. En efecto, de acuerdo con el análisis publicado en Chronicle, la tasa anual de inflación de Argentina (27,5 por ciento) será peor que la de Venezuela (25,8 por ciento), Irán (22,5 por ciento), Guinea (20,6 por ciento), Sudán (20 por ciento), Kirguistán (19,1 por ciento) y Yemen (19 por ciento).

Por supuesto, nadie sabría esto si se basara en las cifras ”oficiales” de inflación publicadas por el gobierno de Kirchner, que se han convertido en una broma pesada. Buenos Aires asegura que la inflación se mantiene debajo del 10 por ciento, pero el Fondo Monetario Internacional ya no se basa en esas estimaciones. En su nuevo World Economic Outlook [Panorama Económico Mundial], el Fondo afirma que “hasta que mejore la calidad de la información suministrada por el gobierno argentino, el personal del FMI utilizará también métodos alternativos para medir el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) y la tasa de inflación con fines de supervisión macroeconómica, incluyendo: estimaciones realizadas por analistas privados, que muestran que, a partir de 2008, el promedio de crecimiento del PIB ha sido significativamente menor que el que representan las cifras oficiales; y estimaciones realizadas por oficinas de estadística provinciales y por analistas privados, que muestran que, desde 2007, la tasa de inflación ha sido considerablemente más alta que la de las cifras oficiales”.

La presidenta Cristina Kirchner tiene un gran interés personal en alterar las cifras. El 23 de octubre se presenta a elecciones para un segundo mandato, y su poder político reside en la percepción de que, bajo su gobierno, hubo un fuerte crecimiento económico y subió el nivel de vida. Si el gobierno fuera honesto con respecto a la inflación y la pobreza, los argentinos comprenderían mejor las consecuencias profundamente negativas del kirchnerismo, que quizá puede definirse mejor como una versión un tanto diluida del chavismo. Argentina conserva aún el doloroso recuerdo de la hiperinflación que desencadenó los violentos disturbios de 1989 y, luego, los de fines de 2001 y principios de 2002. Estos últimos disturbios precedieron a la más grande cesación de pagos de deuda soberana registrada en la historia del mundo.

La cesación de pagos de 2002 pesa todavía considerablemente en la política de Argentina. Kirchner y sus compañeros izquierdistas le han echado la culpa del colapso financiero a las reformas “neoliberales”, “de libre mercado”, “del Consenso de Washington”, adoptadas durante la década de los noventa. Pero ese argumento es sumamente engañoso. El periodista Michael Reid, uno de los redactores de la revista The Economist, señala que “lo que destruyó la economía de Argentina en 2001 no fue el ‘neoliberalismo’ ni las reformas de libre mercado sino una política fiscal incompatible con el régimen cambiario y una falta de flexibilidad en las medidas políticas”. Y agrega: “En contra de lo que afirman muchos, la combinación de políticas de Argentina contravenía abiertamente al Consenso de Washington”.

Sin embargo, Kirchner sigue insistiendo en que las medidas políticas del Consenso de Washington han sido “una tragedia” para América Latina. Además, su gobierno adoptó y medidas económicas al estilo de Chávez (nacionalizaciones, apropiaciones indebidas de dinero, despilfarro) que ahuyentaron a los inversores, desalentaron la iniciativa privada, mancharon la imagen global de Argentina y desencadenaron la inflación. Gracias a la alza inesperada de los precios de las materias primas, Argentina ha experimentado un fuerte aumento del Producto Interno Bruto (PIB), pero ha experimentado también una significativa huída de capitales y una igualmente significativa escasez de papel moneda. La inflación ha afectado de manera desproporcionada a los argentinos pobres y de bajos recursos, reduciendo su poder adquisitivo y drenando su presupuesto.