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El 2 de diciembre se reunieron en Caracas líderes políticos de todo el Hemisferio Occidental para fundar un nuevo foro regional con el nombre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Esa reunión cumbre, que duró dos días, produjo mucha bravata populista y antinorteamericana, pero muy poca sustancia en términos de diplomacia. El venezolano Hugo Chávez predijo que CELAC terminará por “dejar atrás a la vieja y gastada” Organización de Estados Americanos (OEA), fundada en 1948. El ecuatoriano Rafael Correa sostuvo que “se debía haber disuelto” a la OEA en 1982, cuando los Estados Unidos apoyaron a Inglaterra en la guerra con Argentina por la soberanía de las Malvinas (Falkland Islands, en inglés). El nicaragüense Daniel Ortega declaró que CELAC “estaba pronunciando la sentencia de muerte de la doctrina Monroe”. El boliviano Evo Morales acusó al Fondo Monetario Internacional (que es siempre un “malo” muy conveniente) de “habernos saqueado y conducido a la pobreza”. El cubano Raúl Castro, por su parte, condenó violentamente la campaña militar de la OTAN en Libia.

A diferencia de la OEA, que tiene su sede en la ciudad de Washington, CELAC no incluirá ni a los Estados Unidos ni a Canadá. De hecho, el propósito fundamental de la nueva organización es precisamente debilitar la influencia de los Estados Unidos en el hemisferio y dar a los autócratas populistas de América Latina un nuevo espacio para promover su socialismo tipo siglo XXI. “Mientras sea un esfuerzo regional, la CELAC será el “niño mimado” de Chávez”, explica Jim Wyss, del periódico Miami Herald. “Planeada originalmente para el mes de julio, la formación de la CELAC debió posponerse cuando Chávez viajó a Cuba para recibir tratamiento médico por una forma no revelada de cáncer”.

La reunión cumbre de Caracas es una prueba más de que América Latina sufre de una peligrosa carencia de liderazgo. La reunión tuvo lugar inmediatamente después de un notorio fraude electoral en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega y el Partido Sandinista que está en el poder se valieron de numerosos métodos autocráticos para controlar el resultado de las elecciones nacionales del 6 de noviembre. Las autoridades del gobierno crearon deliberadamente impedimentos para que  a los votantes les resultara difícil obtener la tarjeta de identidad; buscaron también limitar el número de observadores electorales. El Consejo Supremo Electoral, por su parte, operó una vez más con una perturbadora falta de transparencia.

Luis Yáñez-Barnuevo, que encabezaba el equipo de observadores electorales de la Unión Europea, afirmó que Ortega y los sandinistas habían ganado las elecciones, pero también cuestionó la extensión y la naturaleza de su victoria: “No sabemos que habría sucedido sin todas estas trampas y enredos”. El controvertido resultado de las elecciones desencadenó una oleada de protestas y de violencia en la que murieron varios nicaragüenses y quedaron heridos muchos más.

Esa es la atmósfera intensamente polarizada y volátil que ha creado Ortega. Manipulando elecciones, atropellando la constitución, persiguiendo a sus opositores políticos e intimidando a periodistas, Ortega ha establecido los cimientos de otra dictadura sandinista. De hecho, la única razón por la que pudo presentarse a reelección es que sus aliados en el poder judicial se valieron de la matonería legal para abolir los límites del mandato presidencial.  En palabras de Robert Callahan, ex embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, “la candidatura de Daniel Ortega fue ilegal, ilegítima e inconstitucional”.